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Un paciente revela violencia familiar o sexual: qué te obliga la NOM-046
Una paciente te cuenta que su pareja la golpea; un paciente adulto nombra por fin el abuso sexual que vivió en su familia. El texto de la NOM-046-SSA2-2005 no deja fuera a tu consultorio privado, y lo que pide no es denunciar. Pide elaborar un aviso al Ministerio Público, con el formato de su Apéndice Informativo 1, cuando haya «lesiones u otros signos» presumiblemente vinculados a esa violencia (numeral 6.5.1; el 5.10 lo enuncia sin esa condición); decirle al paciente que ese aviso y su expediente pueden usarse en un proceso penal, e informarle de su derecho —suyo— a denunciar. Plazo fija uno solo: «de manera inmediata» ante lesiones que pongan en peligro la vida, dañen la integridad corporal, causen incapacidad médica o hagan riesgoso el traslado. Esto es documentación y gestión de la práctica, no asesoría legal; ante un caso concreto, consulta a un abogado de tu entidad.
Por qué el texto de la norma te alcanza
La NOM-004-SSA3-2012 te manda a la NOM-046 y se detiene ahí: su numeral 5.14 ordena observar las normas que enumera, y la del numeral 3.15 es esta. La NOM-046 fija su alcance en el capítulo 2:
«Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud. Su incumplimiento dará origen a sanción penal, civil o administrativa que corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables.»
El numeral 4.19 dice quién es prestador: «las y los profesionales, técnicos y auxiliares que proporcionan servicios de salud en los términos de la legislación sanitaria vigente y que son componentes del Sistema Nacional de Salud». La Ley General de Salud cierra la cadena: su artículo 5o. incluye en ese sistema a «las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud», y el 79 nombra la psicología entre las actividades profesionales cuyo ejercicio exige título legalmente expedido y registrado.
El texto tampoco deja fuera la psicología: dirige la atención a la «salud física y mental» (numeral 4.3), llama atención integral al «manejo médico y psicológico» de las consecuencias de la violencia (4.3.1) y ordena ofrecer atención psicológica «en todos los casos» (6.3.4).
El reglamento ya no exceptúa los consultorios
El aviso es más antiguo que la norma. Desde 1986, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica exige que todo establecimiento tenga un responsable (artículo 18) y le encarga (artículo 19, fracción V):
«Notificar al Ministerio Público y, en su caso, a las demás autoridades competentes, los casos en que se les requieran servicios de atención médica para personas con lesiones u otros signos que presumiblemente se encuentren vinculadas a la comisión de hechos ilícitos.»
La fórmula «lesiones u otros signos» ya estaba ahí, veintitrés años antes de la norma. Y un cambio que casi nadie registra: hasta 2018, el artículo 7o., fracción III, cerraba la definición de establecimiento para la atención médica con «excepto consultorios». La reforma publicada en el DOF el 17 de julio de 2018 suprimió esa cola y añadió al artículo 66 un párrafo sobre los consultorios de las profesiones del artículo 79 de la ley «distintas de la medicina». El artículo 10, fracción III, ya contaba como establecimientos aquellos «en los que se presta atención a la salud mental de las personas». Si tu consultorio cuenta como establecimiento —y el texto vigente ya no lo exceptúa—, el responsable eres tú; el argumento «es solo un consultorio» se apoya en una redacción anterior a 2018.
Falta un eslabón, y conviene verlo. El capítulo 6 de la norma se dirige a «las y los prestadores de servicios de atención médica» y el 5.10 a las instituciones «que otorguen atención médica»; la ley define atención médica como «el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud» (artículo 32). Que eso abarque la psicoterapia de un consultorio unipersonal es nuestra lectura del texto: no localizamos criterio judicial ni lineamiento de la Secretaría de Salud que aplique el aviso a un consultorio independiente de psicología, ni uno que lo excluya.
Dos notificaciones que la divulgación funde en una
El resumen de la norma que publicaba el sitio normasoficiales.mx el 8 de octubre de 2026 remataba que «todos los casos deben ser registrados y notificados al Ministerio Público». El registro de cada caso no va al Ministerio Público. La NOM-046 tiene dos notificaciones, a dos autoridades, y una tercera figura que la norma deja en manos del paciente:
| Aspecto | Aviso al Ministerio Público | Registro y notificación a Salud | Denuncia |
|---|---|---|---|
| Dónde | Numerales 5.10 y 6.5; reglamento, art. 19, fr. V | Numerales 5.11 y 7 | Numerales 6.5.6 y 6.6.1; CNPP, arts. 222 y 223 |
| Quién | «Las instituciones del sector público, social y privado que otorguen atención médica»; el «responsable del establecimiento de salud» (6.5.2) | Las instituciones; en vigilancia epidemiológica, las «unidades médicas de atención ambulatoria» (7.1) | En la NOM, la persona afectada decide; aparte, el CNPP obliga a «toda persona a quien le conste» un delito |
| Cuándo | 5.10: sin condición expresa; 6.5.1: «lesiones u otros signos» presumiblemente vinculados | «cada caso» (5.11) | — |
| Cómo | Formato del Apéndice Informativo 1; copia al expediente (6.5.2) | Formato SUIVE-1-2000 y registro del Apéndice Informativo 2 | «por cualquier medio» (CNPP, art. 223) |
| Plazo | Ninguno, salvo «de manera inmediata» ante las lesiones que describe el 6.5.3 | Registro continuo, concentración mensual (7.7) | — |
«Cada caso» es la notificación estadística a la Secretaría de Salud (7.8). Su formato, el del Apéndice Informativo 2, pide la CLUES de la unidad médica; si un consultorio independiente puede siquiera obtener esa clave lo explicamos al revisar si debes reportar datos de pacientes al Estado. El aviso solo necesita el formato y una agencia del Ministerio Público, y el pie de ese mismo registro lo asigna a «la persona responsable de la unidad médica».
El resumen no se equivoca en todo: el 5.10 enuncia el aviso sin condición, y el criterio que lo acota a «lesiones u otros signos» es el 6.5.1. La norma no dice cuál prevalece, y no localizamos criterio que lo resuelva.
«Lesiones u otros signos»: el gatillo que sí está abierto
Lo que el texto no resuelve —en guías anteriores de este blog lo dejamos en «discutible» y «no está resuelto»— es cuándo se activa en una sesión sin lesión. El numeral 6.5.1 pide elaborar el aviso «en los casos donde las lesiones u otros signos sean presumiblemente vinculados a la violencia familiar o sexual», y la norma da contenido a «otros signos»: define como indicadores de violencia psicológica los «síntomas y signos indicativos de alteraciones a nivel del área psicológica», los trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y por estrés postraumático, el abuso de sustancias y la «ideación o intento suicida» (numeral 4.14); los de violencia sexual incluyen síntomas psicológicos equivalentes (4.15). En su letra, el cuadro clínico que evalúas cabe ahí.
Tres cosas no dice. El 6.5.1 no distingue la violencia de esta semana de la que ocurrió hace veinte años, y el 5.10 tampoco. No condiciona el aviso al consentimiento del paciente adulto: la autonomía que la norma protege es la de decidir sobre la denuncia y los servicios (6.6.1). Y no ofrece criterio para pasar de «el paciente lo relata» a «hay signos presumiblemente vinculados»; tampoco localizamos uno en otra norma ni en criterio judicial. Ese juicio es tuyo, y por eso tu razonamiento debe quedar escrito, decidas avisar o no.
Avisar no es denunciar
En los numerales del aviso y de la consejería, «denunciar» aparece dos veces (6.5.6 y 6.6.1), y en las dos pertenece al paciente. Según el 6.5.6, cuando las lesiones «no constituyan un delito que se siga por oficio», el médico tratante informa a la persona «sobre la posibilidad que tiene de denunciar». Y el 6.6.1, en el texto que dejó la modificación publicada en el DOF el 24 de marzo de 2016:
«Corresponde a las y los prestadores de servicios de salud informar a la persona afectada sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que se presenten, así como de la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las Comisiones Ejecutivas de las entidades federativas o sus equivalentes y de los centros de apoyo disponibles […], facilitando y respetando la autonomía en sus decisiones e invitando a continuar el seguimiento médico, psicológico y de trabajo social.»
Una copia de 2009 no menciona las comisiones: las añadió la reforma de 2016. Y la norma sigue vigente: el Catálogo Mexicano de Normas registra su «Confirmación» en la revisión sistemática del 4 de enero de 2024 (consultado el 17 de noviembre de 2026).
El aviso va «para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar» (5.10); qué hace con él el Ministerio Público depende de si el delito se persigue de oficio o por querella, y eso lo fija el código penal aplicable. El deber general de denunciar del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales existe aparte; su choque con tu secreto está en la guía sobre citaciones judiciales.
Qué le hace al secreto profesional
Los numerales que citamos no hablan de «secreto», sino de «confidencialidad», como criterio de la atención (5.9) y de la entrevista (6.2.1.2). El aviso no la suspende en general: abre un canal hacia una autoridad, con un formulario cerrado que pide nombre y domicilio del paciente, «Motivo de atención médica», «Diagnóstico (s)», «Evolución, acto notificado, reporte de lesiones», plan y pronóstico. Se diseñó para una unidad médica —tiene casillas para «Cama» y «Farmacoterapia»—, y llenarlo desde un consultorio exige criterio.
El criterio lo da la ley penal. El Código Penal Federal castiga revelar un secreto «sin justa causa» (artículo 210) y agrava la pena cuando lo revela una «persona que presta servicios profesionales» (211); su artículo 15, fracción VI, excluye el delito cuando se actúa «en cumplimiento de un deber jurídico […], siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber». La segunda mitad importa: el deber cubre lo que el aviso necesita, no tus notas de proceso. No localizamos criterio judicial que aplique estas reglas al aviso, y el código penal de tu estado puede formularlas distinto.
Dos cosas no cambian. Tu testimonio sigue protegido por el artículo 362 del CNPP, que nombra a los psicólogos. Y el expediente nunca estuvo fuera de alcance: el numeral 5.6 de la NOM-004 faculta a los «órganos de procuración de justicia» para pedirlo. Por eso el 6.5.4 te obliga a decirle al paciente que «la información contenida en el registro de aviso y el expediente pueden ser utilizados en el proceso penal».
La secuencia en sesión
- Antes de que ocurra. Escribe este límite en tu consentimiento informado. La norma pide además tamizaje «de manera rutinaria» en pacientes ambulatorios (6.2.1.1); una pregunta fija en tu entrevista inicial, hecha a solas con el paciente (el 6.2.1.2 pide privacidad), es la forma mínima de acercarte a ello: la norma no define el procedimiento.
- Valora el riesgo con «las herramientas y los procedimientos estandarizados para este fin» (6.2.1.7). La norma no nombra ninguno, y cuenta el plan de seguridad entre los contenidos indispensables de la capacitación (6.7.2.6). Si hay peligro inminente para la vida, la vía es el 911, no el formato; ante riesgo suicida, la Línea de la Vida (800 911 2000) atiende gratis las 24 horas. El aviso no sustituye ni la evaluación ni el plan de seguridad.
- Decide si corresponde el aviso —si hay signos presumiblemente vinculados (6.5.1); el 5.10 no trae esa condición— y escribe por qué, en cualquier sentido.
- Si vas a avisar, díselo al paciente (6.5.4) antes de entregarlo —o a su representante, si su estado de salud lo impide y el representante no es el probable agresor ni tiene conflicto de intereses—, revisa con él el plan de seguridad y explícale su derecho a denunciar, las comisiones de víctimas y los centros de apoyo (6.6.1).
- Llena el Apéndice 1 con lo necesario, entrégalo en la agencia del Ministerio Público y guarda la copia en el expediente (6.5.2). Ante las lesiones del 6.5.3, la atención de urgencia va primero y el aviso es inmediato.
- Refiere cuando haga falta a servicios con mayor capacidad resolutiva, incluido un refugio (5.6).
Para el consentimiento, adaptable:
«Lo que hablamos aquí es confidencial, con límites que quiero explicarte desde hoy. Uno: si me cuentas que vives violencia familiar o sexual y veo lesiones u otros signos relacionados, una norma de salud me obliga a dar un aviso al Ministerio Público. Ese aviso no es una denuncia; denunciar o no es decisión tuya.»
Y el día que vas a avisar:
«Voy a llenar el aviso que me pide la norma. Lleva tus datos, el motivo de consulta, mi impresión diagnóstica y el hecho que notifico, no el detalle de nuestras sesiones. Ese aviso y tu expediente pueden usarse en un proceso penal. Denunciar sigue siendo tu decisión, y una comisión de atención a víctimas puede orientarte. Antes de entregarlo, revisemos juntos qué necesitas para estar a salvo.»
Lo que va al expediente
El numeral 6.2.1.4 sirve de esqueleto para la nota: registrar «en forma detallada, clara y precisa» el nombre de la persona, «el tiempo que refiere de vivir en situación de violencia», el estado físico y mental, los daños y sus causas probables, el diagnóstico, el tratamiento, la orientación que diste y, «en su caso, los datos de la o las personas que menciona como los probables responsables». Añade la copia del aviso, si lo hubo, o el razonamiento por el que concluiste que no había signos presumiblemente vinculados.
Escribe con atribución —«la paciente refiere que…»—, aparte de lo que observaste y de tu impresión, y no describas a personas que nunca evaluaste: el 6.5.4 anticipa que esa nota puede llegar a un proceso penal.
Menores y personas que no pueden decidir
Si la persona afectada tiene una discapacidad mental que le impide decidir, el hecho se asienta en el aviso (6.5.2). Si es menor de edad o «incapaz legalmente de decidir por sí misma», el 6.5.5 añade otra notificación: «además se notificará a la instancia de procuración de justicia que corresponda».
Aquí sí hay un plazo, fuera de la norma. El artículo 12 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reformado el 15 de enero de 2026, obliga a «toda persona» que conozca casos de menores que sufran violación de sus derechos «o hayan sido víctimas de cualquiera de las violencias señaladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias» a hacerlo «del conocimiento inmediato de las autoridades competentes». No depende de lesiones ni de signos, ni de que trabajes en una institución. Cómo convive con la confidencialidad que pactas con un adolescente está en la guía de consentimiento informado con menores.
Referencias
- Diario Oficial de la Federación — NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (DOF 16-04-2009)
- Diario Oficial de la Federación — Modificación de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la NOM-046-SSA2-2005 (DOF 24-03-2016)
- Cámara de Diputados — Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica (última reforma DOF 17-07-2018)
- Diario Oficial de la Federación — NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico
- Cámara de Diputados — Ley General de Salud (texto vigente)
- Cámara de Diputados — Código Nacional de Procedimientos Penales (texto vigente)
- Cámara de Diputados — Código Penal Federal (texto vigente)
- Cámara de Diputados — Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (texto vigente)
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