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Los padres están en juicio y los dos piden el expediente de su hijo: qué entregas a cada uno

Equipo Gesell13 min de lectura

En la misma semana llegan dos correos. La madre de un niño de nueve años pide «el expediente completo»; tres días después, el padre pide lo mismo «para el juicio». La respuesta corta: los dos pueden pedirlo si ejercen la patria potestad, tenga o no cada uno la custodia; cada solicitud corre con su propio plazo de 20 días hábiles para contestar y 15 más para entregar (artículo 31 de la ley de datos personales vigente); y ninguno recibe una copia íntegra por el solo hecho de ser padre, porque el artículo 33 te permite negar en parte lo que lesione derechos de un tercero, y en un divorcio ese tercero suele ser el otro progenitor. Lo que la ley mexicana no te da es una causa para negarte por el uso que harán de él en el juicio. Un caso cambia el orden de los pasos: si el expediente contiene una revelación de violencia atribuida a quien pide, primero se informa a la autoridad. Esto es documentación y gestión de la práctica, no asesoría legal: con un litigio en curso, consulta a un abogado de tu entidad.

Las dos respuestas que circulan vienen de otros países

Busca la pregunta en español y encontrarás dos respuestas opuestas, ninguna mexicana. La primera es española: al resolver la queja de un padre divorciado (expediente 140/2023), el Procurador del Común de Castilla y León razonó desde el Código Civil de España que, sin una medida judicial que restrinja la patria potestad, «no puede negarse a éstos el acceso a los datos sanitarios de sus hijos menores».

La segunda es estadounidense, publicada en marzo de 2026 en la sección mexicana de una plataforma de terapia en línea: cuenta al padre de un menor entre quienes pueden ser «representante personal» del paciente y, al explicar el acceso a los registros, dice que «un profesional sanitario podría denegarle el acceso si considera que revisar los registros podría causarle un daño sustancial a usted o a otra persona», con «30 días para responder». Es una versión aproximada de HIPAA; la página no nombra una sola ley mexicana.

México no coincide con ninguna. Con la respuesta española comparte el punto de partida —la representación sigue a la patria potestad, no a la custodia—, pero no la conclusión: la ley mexicana enumera causas para negar en parte. Con la estadounidense no comparte la excepción: el artículo 33 no contiene ninguna causa por daño al paciente ni a su bienestar; solo la lesión de derechos de un tercero. La asimetría que ordena todo lo demás: la información es del niño; el juicio es de sus padres.

Quién puede pedir el expediente de un menor

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes llama «representación originaria» a la que está «a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela» (artículo 4, fracción XXV); la ley de datos deja ejercer el acceso a la persona titular «o, en su caso, su representante legal» (artículo 21); y la NOM-004-SSA3-2012 nombra a quien «ejerza la patria potestad» entre quienes reciben información verbal, y pide por escrito toda constancia del expediente (numeral 5.6). La custodia no decide: según el artículo 416 del Código Civil Federal, quien no la tiene «conservará los derechos de vigilancia y de convivencia».

Quién pide ¿Accede a los datos del niño? Base
Progenitor con patria potestad, con o sin custodia Sí LGDNNA 4-XXV; LFPDPPP 21; CCF 416
Progenitor con patria potestad perdida o suspendida No, mientras rija la resolución CCF 444 y 447; LFPDPPP 33-I
Progenitor con patria potestad limitada Según los términos de la resolución CCF 444 bis; LFPDPPP 33-IV
Nueva pareja, abuelos sin patria potestad No: son terceros LFPDPPP 2-XVII
Abogado de uno de los padres Solo con solicitud escrita de quien representa al niño NOM-004 5.5.1
Juez o fiscalía Por requerimiento, no por derecho ARCO NOM-004 5.6

Pide el acta de nacimiento y, si existe, el convenio o la resolución sobre patria potestad. Las Guidelines for Court-Involved Therapy de la AFCC —la guía más específica que localizamos para terapeutas de familias en litigio; buena práctica, no norma— piden verificar con documentos a quien afirme poder bloquear la entrega (guía 9.6(a)). «A su papá no le des nada» no quita la representación a nadie. Y el Código Civil Federal rige solo «en asuntos del orden federal» (artículo 1o): busca en el código civil o familiar de tu entidad el equivalente de cada artículo citado aquí.

Lo que el consentimiento ya debió dejar resuelto

La guía de consentimiento informado en menores fijó lo esencial sobre padres separados: guarda y custodia no es patria potestad; se anota qué documento se exhibió; la firma de ambos es manejo de riesgo, no requisito; y se deja escrito desde el inicio que tu función es clínica y no pericial, porque el estándar 10.02(b) del Código de Ética de la APA pide aclarar, ajustar o dejar el rol cuando podrías acabar como testigo de una de las partes en un divorcio. Si eso consta en el expediente, hoy lo citas. Si no, pide ahora lo que la AFCC recomienda tener desde el principio: la «delineation of each parent’s access to treatment information» —el acceso de cada uno— (guía 6.2(b)).

Dos solicitudes, dos relojes

  1. Tramita cada solicitud por separado. Cada una tiene su fecha de recepción y su plazo (artículo 31). Acusa recibo fechado.
  2. Acredita a cada quien. El artículo 28, fracción II, pide documentos que acrediten «la personalidad e identidad de su representante», y el 31 condiciona la entrega a la «previa acreditación de la identidad del titular o representante legal».
  3. Un solo criterio para los dos. No lo exige la ley, pero te protege: lo que entregues a uno, con las mismas reservas, es lo que entregarías al otro.
  4. No condiciones el acceso a una orden judicial. «Tráigame una orden del juez» no figura entre las causas del artículo 33.
  5. Acceso no es informe. El artículo 22 da acceso a los datos que ya obran en tu poder; redactar un escrito «para el juez» es otro encargo, y cómo redactar un informe psicológico explica por qué el terapeuta del niño no debe volverse su evaluador.

Qué puedes reservar y qué no

El artículo 33 es una lista cerrada, y tres fracciones operan en un litigio familiar:

  • Fracción I: «Cuando la persona titular o el representante legal no estén debidamente acreditados para ello».
  • Fracción III: «Cuando se lesionen derechos de un tercero». Tercero es la persona «distinta de la persona titular o del responsable de los datos» (artículo 2, fracción XVII): el otro progenitor lo es, y sus datos son suyos, no del niño. En la práctica: lo que cada progenitor te contó de sí mismo en la admisión o en sesiones de orientación, datos de una nueva pareja o de hermanos, y el domicilio, teléfono y trabajo del otro progenitor.
  • Fracción IV: «Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales».

El párrafo que sigue la vuelve operativa: «La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial…». Entregas lo del niño, tachas lo del tercero y señalas dónde.

No son causa de negativa:

  • «Lo va a usar en el juicio.» El artículo 33 no atiende a la finalidad de quien pide.
  • «Leerlo le haría daño al niño.» La regla estadounidense permite negar al representante cuando el acceso es «reasonably likely to cause substantial harm» —probable que cause un daño sustancial— (45 CFR 164.524(a)(3)(iii)); la mexicana no. Como explica la guía sobre qué entregar cuando un paciente pide su expediente, aquí no hay privilegio terapéutico.
  • «El otro progenitor no está de acuerdo.» Solo una resolución restringe.

Queda lo más incómodo: lo que el niño dijo es dato del niño, y quien lo representa accede a él. No localizamos norma ni criterio mexicano que permita reservarle a un progenitor con patria potestad las palabras de su hijo.

Hay un caso en que entregar no es el primer paso: el expediente contiene una revelación de violencia o abuso atribuida a quien pide, o a alguien de su casa. El daño sigue sin ser causa de negativa, pero el artículo 12 de la LGDNNA obliga a toda persona que conozca el caso a hacerlo «del conocimiento inmediato de las autoridades competentes», y ese deber corre desde que lo supiste, no desde la solicitud; ante un riesgo inminente, llama al 911. La Procuraduría de Protección puede hacer lo que tú no: el artículo 106, que se cita abajo, la faculta para pedir que se restrinja la representación, y el 122, fracción VI, para solicitar al Ministerio Público medidas urgentes de protección ante un «riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad» del niño. Antes de entregar, consulta a un abogado o pide instrucciones al juzgado, como recomienda la AFCC «when in doubt» —ante la duda— (guía 7.3). El artículo 31 permite ampliar los plazos «una sola vez por un periodo igual» cuando las circunstancias lo justifican, y una resolución que restrinja el acceso es ya la causa de la fracción IV. Registra cada paso.

El conflicto de intereses lo decide un juez, no tú

La ley sí previó al padre cuyo interés choca con el del hijo; solo que no te encargó resolverlo. El artículo 440 del Código Civil Federal:

«En todos los casos en que las personas que ejercen la patria potestad tienen un interés opuesto al de los hijos, serán éstos representados, en juicio y fuera de él, por un tutor nombrado por el juez para cada caso.»

El artículo 106 de la LGDNNA dispone que, ante «indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan la representación originaria o de éstos con niñas, niños y adolescentes», a petición del Ministerio Público, de la Procuraduría de Protección o de oficio, el órgano que conozca del asunto «deberá sustanciar por vía incidental, un procedimiento sumario de restricción, suspensión o revocación de la representación originaria». El terapeuta no está en esa lista; la Procuraduría de Protección, a la que puedes informar, sí.

Donde ya rige el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares —en todo el país a más tardar el 1 de abril de 2027, como explica la guía sobre secreto profesional ante una citación—, la entrevista del juez con el niño «está exceptuada de contradicción» y «se llevará a cabo sin la presencia de sus progenitores o tutores» (artículo 558, fracción III). El expediente que exhibe uno de los padres entra, en cambio, como una prueba más, que el otro puede debatir (artículo 7, fracción V).

La salida legítima no es negar sin causa: es decir por escrito que, si el expediente se necesita para el procedimiento, la autoridad judicial puede requerirlo directamente (NOM-004, numeral 5.6), y esa autoridad está obligada a «garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales» (LGDNNA, artículo 83, fracción XIII).

Lo que le prometiste al niño

El guion de la guía de menores promete que el contenido de las sesiones no se comparte con los padres, salvo tres excepciones. Describe lo que compartirás por iniciativa propia, no lo que un representante puede exigir. La AFCC es directa: «A CIT should not make blanket promises to a child that treatment information will be confidential» —no prometer una confidencialidad general— (guía 7.5(d)(2)). Como quien ejerce la patria potestad puede pedirlo por escrito en cualquier momento, el guion necesita desde el primer día, haya litigio o no, una cuarta excepción: la solicitud escrita de quien lo representa.

No localizamos norma mexicana que dé al niño o al adolescente un veto sobre esa solicitud. Sí tiene derecho «a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés» (LGDNNA, artículo 71), y la AFCC pide prepararlo para la entrega y atender lo que siente (guía 7.5(c)):

«Tu mamá y tu papá me pidieron por escrito lo que guardo de nuestras sesiones. La ley les permite verlo porque son quienes te representan. Quedamos en que, si algo tenía que salir de aquí, te lo diría antes. Voy a entregar mis notas; no voy a escribir con quién debes vivir, porque ese no es mi trabajo. ¿Qué te preocupa de que lo lean?»

Si lo que responde es miedo a lo que pase en casa, o cuenta algo que no había dicho, estás en el caso de la revelación: no entregues antes de dar esos pasos.

El código de ética de la FENAPSIME dispone que la información que se dé a los padres «debe facilitarse de manera que no condicione el futuro del consultante o pueda ser utilizada de manera que lo perjudique» (artículo 36, inciso g). Es un código gremial, no ley: nada de lo que diga sobre secreto o reserva añade causas al artículo 33. No sirve para negar; sí para acompañar la copia con una carta que la sitúe.

Cómo contestar por escrito

El último párrafo del artículo 33 fija la forma: informar «el motivo de su decisión», en plazo, «por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud», con «las pruebas que resulten pertinentes». Un modelo, adaptable con tu abogado:

«En respuesta a su solicitud de acceso recibida el [fecha], relativa a los datos personales de [nombre del niño]: (1) su representación quedó acreditada con [documento]; (2) le entrego copia de las constancias que contienen datos de [nombre]; (3) con fundamento en el artículo 33, fracción III, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, reservo los pasajes con datos personales de terceros, señalados en la copia; (4) mi intervención es terapéutica: no he evaluado ni emitiré opinión sobre guarda y custodia, convivencia ni capacidad parental; (5) si el expediente se requiere para un procedimiento, la autoridad judicial puede solicitarlo directamente. Aplico este criterio a toda solicitud de quien ejerza la patria potestad.»

El punto 4 tiene respaldo: la AFCC pide al terapeuta tratante, aun cuando el tribunal lo admite como experto, no opinar sobre «parental capacity, child custody» —capacidad parental, custodia— (guía 10.5(e)(2)). Quien no esté conforme con lo reservado puede acudir a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dentro de los 15 días hábiles siguientes a tu respuesta (artículo 40).

Lo que queda en el expediente del niño

Registra cada solicitud: fecha, documento de representación, qué se reservó y con qué fracción, fecha de entrega y la conversación con el niño. Ninguna disposición lo ordena; es tu prueba de plazo y de trato igual. Y lo que escribas desde hoy puede llegar a ambos abogados: atribuye cada dato a su fuente —«la madre refiere»— y no describas al progenitor que nunca evaluaste. Si en medio del litigio el niño revela violencia, el deber del artículo 12 se activa en ese momento; qué añade la NOM-046 y cuándo te alcanza lo explica la guía sobre la NOM-046.

Si llevas el expediente en gesell.ai, la exportación en PDF reúne el expediente completo —ficha, notas con sus adendas (los borradores, marcados como tales), planes de tratamiento, evaluaciones aplicadas y la relación de consentimientos firmados y de archivos importados— sin tachar nada: qué se reserva por el artículo 33 lo decides y lo tachas tú.

Referencias

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